Algunos antecedentes
A más de dos años de que fue detectada contaminación transgénica del maíz campesino en México "país centro de origen, diversidad y domesticación del cultivo" el gobierno mexicano no ha tomado ninguna acción seria para conocer su extensión, ni para enfrentar el problema. No ha establecido responsabilidades, ni ha tomado acciones para parar las fuentes de contaminación.. Al contrario, los únicos estudios que se han dado a conocer al público —que confirman la contaminación— son los realizados para el INE y la Conabio en septiembre del 2001 y en diciembre del 2002. Existen estudios que comprueban la contaminación realizados por el INIFAP a solicitud dfe la SAGARPA pero que no han sido dados a conocer.
Mientras tanto, organizaciones campesinas, indígenas y civiles nos hemos organizado para analizar la situación del maíz en distintas comunidades y plantearnos qué hacer frente a ella. Nuestros análisis de maíz campesino muestran contaminación en varios estados de México, por lo que es posible que la contaminación transgénica del maíz nativo sea un fenómeno generalizado en varias regiones del país.
Todos los estudios, desde la primera denuncia basada en los datos de los investigadores de la Universidad de California, Berkeley, Ignacio Chapela y David Quist en el 2001, los posteriores del INE, la SAGARPA e INIFAP, así como los realizados por organizaciones campesinas y de la sociedad civil confirman la contaminación del maíz nativo con transgenes.
Comprobamos que existe en muchos otros estados y comunidades aparte de las primeras que se dieron a conocer en Oaxaca y Puebla. Hemos encontrado contaminación en Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y en áreas de Puebla y Oaxaca además de las reportadas anteriormente. Esto lamentablemente no significa que los demás estados de México no estén contaminados, sino que se necesita hacer muchísimas más pruebas, ya que un muestreo limitado ha arrojado un porcentaje significativo de positivos. Lo que sí sabemos es que la contaminación existe de Norte a Sur y de Este a Oeste del territorio mexicano.
Desde que se conoce la contaminación en el 2001 hasta ahora, el gobierno de México a través de la SAGARPA y la CIBIOGEM, la industria biotecnológica —principalmente las pocas empresas dueñas de los transgénicos— y una parte de la comunidad científica, incluyendo a representantes de la Academia Mexicana de Ciencias, se han dedicado primero a producir argumentos para negar la existencia del problema y luego a decir que la contaminación no tiene importancia y en algunos casos, hasta que sería positiva. El próximo paso es lograr que se acepte como un hecho irreversible la contaminación y que por tanto haya que resignarse a la presencia de transgénicos en el maíz nativo, dando el mensaje al resto del mundo de que si está contaminado el centro de origen y diversidad del maíz, no importa su presencia en el resto de los países.
Gobierno, CIMMYT / CGIAR, Convenios de Naciones Unidas: de espalda a los campesinos e indígenas, creadores del maíz.
A inicios de la odisea de la contaminación, en el 2001, Victor Villalobos, representante de la SAGARPA ante la CIBIOGEM y también asesor de empresas biotecnológicas, dijo que la contaminación era buena porque “aumentaba la diversidad”. En el 2003, cuando la SAGARPA asumió la presidencia —rotativa— de la CIBIOGEM, Villalobos declaró que la contaminación en Oaxaca funciona como “un laboratorio natural” y que trabajaría para levantar la moratoria que impide la siembra de maíz transgénico en México. [1]
En abril del 2003 el Senado aprobó sin discusión y con apoyo de todos los partidos, una ley de “bioseguridad” (actualmente en discusión en la Cámara de Diputados), impulsada por las multinacionales de la biotecnología y por científicos afines a ellas. Dicha ley es un manual de legalización e impunidad de la contaminación, y la puerta de entrada para lograr que se levante la moratoria a la siembra de maíz transgénico adoptada en México desde 1999. En el Senado, fue promovida especialmente por Rodomiro Amaya del PRD, quien es un productor agrícola con intereses personales en los transgénicos, con el apoyo entusiasta e irresponsable del PVEM en su papel de coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y la mirada satisfecha del PRI y del PAN. Esta ley es una vergüenza y una ofensa para los campesinos e indígenas y en general para todos los ciudadanos mexicanos. Incluso muchas leyes de bioseguridad de otros países son más restrictivas, asumen claramente el principio de precaución (ante la duda de inocuidad, abstenerse) y prevén consultas públicas, todo lo cual no está contenida en ésta. Sin embargo, no estamos pidiendo una ley “mejor”: pensamos que México, como centro de origen del maíz, no necesita ni debe tomar los riesgos sociales, económicos y ambientales que implican los transgénicos, sencillamente debe prohibirlos.
El 7 de septiembre del 2003 en Cancún, el nuevo Secretario de medioambiente (SEMARNAT) Alberto Cárdenas, afirmó en una de sus primeras apariciones en público, que no hay “ninguna afectación negativa para la identidad de los maíces criollos” y que los transgénicos no son ningún problema para el ambiente y la salud, por lo que la Secretaría de Ecología impulsará la biotecnología. Hasta hoy no ha podido explicar en qué argumentos y evidencias basa tales afirmaciones, pero muestra claramente sus intereses y a quienes quiere favorecer.
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